Leyes contra la música en vivo

«En España es más fácil abrir una empresa de explosivos que una sala de conciertos«. Así de contundente se expresa Armando Ruah, coordinador de la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo ACCES. Su expresión refleja el estado de ánimo de los locales de conciertos del país, que luchan, discuten y buscan soluciones a la maraña legislativa que desde hace años complica hasta extremos insospechados su práctica profesional. Repasamos algunas de las situaciones con las que conviven las salas de música en vivo en España.

Marcos legales cambiantes
Entre las principales reivindicaciones de los dueños de salas de conciertos está la necesidad de unificar criterios legales. No solo porque en la actualidad estén bajo el paraguas legislativo de Europa, el estado, las comunidades autónomas y los municipios, sino también porque su situación cambia según su situación geográfica. «Cada comunicad tiene sus requerimientos, llegando al punto que hay lugares donde se emiten licencias de bar musical, en otros no existe y en otros existe pero no sirve para programar concierto», explica Ruah. La situación provoca paradojas como la existencia de locales con permiso para programar conciertos pero donde no se puede bailar.

Dependencia política
La existencia de normativas propias por comunidad y municipio facilita también cierta intervención política sometida a interés no siempre culturales. Ruah señala a ciudades como Valladolid, con más de 300.000 habitantes y solo dos espacios de música en directo por la falta de voluntad de promoción de la cultura entre sus dirigentes. «Muchas salas acaban optando por buscar permisos puntuales para hacer sus conciertos, pero eso obliga a un movimiento constante de papeles administrativos y a estar siempre con la incertidumbre de una posible cancelación a pocas horas del espectáculo».

Mínima sensibilidad cultural
Entre el listado de de consejerías por las que tiene que pasar una sala de conciertos para conseguir su licencia está todo el entramado técnico y policial…todos los estamentos posibles menos el cultural. Una situación extendido en todo el país excepto en Madrid, que ha sido la comunidad pionera en situar la consejería de Cultura como parte esencial para la concesión de licencias. Ruah pide que cunda el ejemplo. «Al final, la mediada demuestra interés en valorar la función cultural de la música en vivo y de la propia sala».

Inspecciones injustificadas
La situación se ha repetido en los últimos años. Una sala con décadas de experiencia recibe diversas inspecciones en un breve espacio de tiempo, incluso durante la celebración de un directo. «Que entre la policía en pleno concierto daña la imagen del local y genera cierta inquietud entre el público», argumenta Ruah, que critica que se trate a los lugares históricos «como si llevaran abiertos tres meses». Conocen la situación en la Sala Caracol de Madrid, que ha reabierto sus puertas esta semana tras 16 meses clausurada. «La Caracol llevaba 25 años dando conciertos sin problemas, hasta que hubo un cambio en la propiedad y se intensificaron los controles». El representante de ACCES critica también la indefensión de las salas ante las denuncias anónimas de los vecinos de las salas.

El efecto ‘Madrid Arena’
Relacionado con el punto anterior. La tragedia del Madrid Arena puso en alerta a las autoridades del estado sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente con las normativas sobre aforos y protocolos de seguridad. La asociación de salas de conciertos apoya la voluntad de hacer cumplir la normativa, aunque considera que aquél hecho les puso en el ojo del huracán. «Formamos parte de asociaciones europeas y viajamos por las salas de todo el continente y podemos decir que los locales de España son los que tienen mayores restricciones de aforo y mejor preparación en seguridad del continente», asegura Ruah.