La Acadèmia Catalana de la Música se ha posicionado este martes acerca de la crisis que ha vivido el Sónar en su última edición. En el texto, que reproducimos a continuación, la entidad carga duramente contra Fira de Barcelona y las instituciones como el Ayuntamiento y la Generalitat.

Este año pasará a la historia del Sónar como uno de los más desafortunados como consecuencia del incomprensible cambio de fecha decidido por Fira de Barcelona, un organismo formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio, que ha demostrado no tener mucha sensibilidad ni por la cultura ni por la música. La decisión planteada como unilateral e innegociable, motivada por intereses estrictamente comerciales, ha forzado a mover su fecha habitual a un acontecimiento musical que lleva 25 años en la ciudad y que se ha convertido en una referencia cultural internacional.

Los intereses estrictamente comerciales y económicos de Fira de Barcelona pasaron por encima de las posibles consecuencias que podía tener este cambio de fecha tanto por la contratación de artistas como por la asistencia de público y, más allá de esto, por el zarandeo en el mismo ecosistema de la música en vivo de la ciudad: cuando se mueve una pieza, el resto también se ven afectadas.

Un acontecimiento cultural de esta magnitud y que ocupa regularmente un espacio de titularidad pública, tendría que tener garantizado a unos cuántos años vista la disponibilidad del espacio y nunca tendría que estar sujeto a decisiones que provocan inseguridad jurídica y distorsiones funcionales.

La guinda del pastel ha sido la inhibición de las instituciones en el conflicto de los riggers. Una reivindicación legítima de carácter laboral totalmente ajena al Sónar, pero de la que ha resultado ser parte afectada. La falta de un posicionamiento claro en este conflicto por parte del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, así como miembros del Consejo General de Fira de Barcelona, han puesto en peligro la celebración del festival, salvada in extremis. Pero sí ha afectado de forma relevante a la venta de entradas y ha amenazado la viabilidad de un proyecto que genera muchísimos puestos de trabajo que no han parecido importar a nadie con poder de decisión. Este silencio institucional no ha beneficiado ni a los riggers, ni a la plantilla de Sónar ni a los centenares de trabajadores y empresas contratadas por el acontecimiento.

Creemos que todo ello es un despropósito institucional de unos niveles incomprensibles que no deja de reflejar la exigua importancia que se da a la cultura y en especial a la música por parte de las administraciones. Los organizadores de Sónar lo manifestaron claramente en rueda de prensa: ¿dónde estaban y quiénes eran los que podían pulsar el botón para desactivar el conflicto y por qué no actuaron? Es altamente preocupante esta falta de empatía con un acontecimiento que, además del significado cultural, tiene una gran importancia y relevancia internacional, económica y social para la ciudad.

Esperamos que nuestras instituciones reflexionen sobre el papel que tienen que ejercer en apoyo de la cultura y de las empresas locales que apuesten por la ciudad y, evidentemente, deseamos también que el conflicto que mantienen los riggers con la Fira se resuelva lo más pronto posible y de forma satisfactoria en defensa de los derechos de unos trabajadores que también son parte del ecosistema cultural de la ciudad.

Sobre El Autor

APM

La Asociación de Promotores Musicales (APM) es la principal representante de la industria de la música en vivo en España. Sus socios representan al 80% de los promotores privados del país, y son los responsables de las principales giras nacionales e internacionales y festivales que se celebran.

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